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La Guardia Civil, contra la Junta: «No somos una policÃa polÃtica»
Sevilla- En la Guardia Civil han estallado después de que el informe elevado a la juez instructora del caso, y que imputa responsabilidades directas al presidente Griñán, al ex presidente Manuel Chaves y a los miembros del Consejo de Gobierno, fuera saludado con vehementes ataques por parte de la Junta. Tanto es asÃ, que la consejera de la Presidencia, Susana DÃaz, llegó a hablar de un proceso «inquisitorial» en el que participa la Benemérita –es la Unidad Central Operativa (UCO) la que elaboró el citado informe– contra el Ejecutivo autonómico. DÃaz dijo, asimismo, que la Guardia Civil se basaba en «suposiciones, hipótesis y hechos no probados», una tesis sucrita por otros miembros de la Junta y del PSOE, incluido el propio Griñán.El secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Alberto Moya, defendió ayer el trabajo de la UCO en la investigación de los ERE irregulares. «No somos una policÃa polÃtica», deslizó en declaraciones a Efe.
«La Guardia Civil está al margen de orientaciones polÃticas», subrayó el dirigente de la AUGC, que recordó que los agentes del instituto armado han detenido a polÃticos corruptos de todos los partidos en los últimos tiempos.
Para Moya, se trata de una «polémica falsa» porque la Guardia Civil se ha limitado a emitir un informe por petición de la jueza que instruye el caso, con pleno sometimiento a las reglas del Estado de Derecho.
¿Qué es lo que ha indignado tanto a la Junta de AndalucÃa y al PSOE-A? El extenso informe de la Guardia Civil encargado por la juez Alaya, de más de 300 páginas, hace un exhaustivo análisis sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad y, por extensión, de la maquinaria del Ejecutivo autonómico en relación al caso de los ERE. Hay un punto que toca de lleno al presidente andaluz, José Antonio Griñán, por su gestión como consejero de EconomÃa y Hacienda entre 2004 y 2009, departamento del que dependÃa la Intervención General, el máximo órgano de fiscalización de la Administración andaluza.
Señala el Instituto Armado que «dada la importancia de las deficiencias plasmadas en esos informes –los que emitió la Intervención– (...) se debe suponer que no sólo porque lo recoja el decreto 9/1999, sino por la propia lógica e importancia de su contenido, debÃan ser conocidos por el consejero».
El consejero al que aluden es Griñán, al que el interventor general envió reiterados informes a partir del año 2005 señalando que la Junta estaba «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido». Griñán ha alegado en todo este tiempo que nunca llegó a leer los informes porque no le dio traslado su viceconsejera al no considerarlos lo suficientemente relevantes.
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